• sostiene Mulder

 “Un concierto” de abogados cobraba entre el 50 a 60% de los indemnizaciones que arrancaba al Estado peruano a favor de delincuentes subversivos indebidamente excarcelados gracias a los mandatos de la CIDH, dijo el congresista Mauricio Mulder.

En una entrevista con Voz de Alerta que emite radio San Borja, el titular de la Comisión de Inteligencia del Congreso dijo tener conocimiento de que ex reos por delitos de subversión que recibieron indemnizaciones del Estado, han revelado que habían acordado con sus abogados, por indicación de estos, entregarles el 50 a 60% del dinero que iban a recibir. 

El legislador dijo que algunos de estos letrados “tienen buena exposición mediática” y son los primeros en argumentar que el Perú no puede abandonar la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Mulder espera que se llegue a saber cuánto dinero recibieron estos abogados de las reparaciones que obtuvieron sus patrocinados, los ex reos por delitos de terrorismo, cuando litigaron contra el Estado peruano.

Pago de reparaciones “es inaceptable”

Más adelante el congresista aprista manifestó que es “socialmente inaceptable” que el Perú haya pagado reparaciones a terroristas “convictos y confesos” quienes no solo no han expresado arrepentimiento por sus crímenes perpetrados sino que tampoco han pagado sus deudas contraídas con el Estado precisamente por concepto de reparación civil.

Mulder llamó la atención sobre la paradoja de que la secta maoísta pueda implementar gracias al pago de las reparaciones -es decir, el dinero de todos los peruanos- un millonario partido político de fachada (el llamado

Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales - Movidef, que va a presentar candidatos para los gobiernos regionales de Ayacucho, Huancavelica y Puno), el cual, dijo, es un careta en sus planes de acumular fuerzas para posteriormente desatar nuevamente la violencia en el país.

“Es evidente que la sociedad está en peligro si los dejamos (a los subversivos) seguir actuando”, subrayó.

El legislador dijo que en el país no existe una norma que disponga que aquellos ex reos por delitos de terrorismo que deben pagar al Estado y que paralelamente deben recibir una reparación, se les descuente lo que deben. “Lo que ha estado ocurriendo es que el Estado sacaba dinero en efectivo y lo pagaba”, anotó.

Cómo desbarataron sistema antiterrorista

Sin embargo, recordó Mulder, el TC también declaró nulas todas las pruebas actuadas en los primeros procesos contra los terroristas de tal manera que cuando se tuvo que abrir nuevos juicios, las pruebas que habían presentado la Fiscalía y la Dircote ya no servían (pues habían sido desestimadas) y esa fue la razón fundamental de porqué miles de delincuentes subversivos fueron absueltos y salieron libres.

Luego, debido a que supuestamente eran “inocentes”, el sector Justicia –a través de la gestión de varios ministros durante los gobiernos de Paniagua y Toledo- emitía resoluciones ministeriales –“que salían publicados todos los días en el diario oficial El Peruano”- en la que notificaba a los subversivos absueltos que estaba expedito su derecho a exigir al Estado peruano el pago de reparaciones, gestión que hicieron ante la CIDH. 

La caja de Pandora, coincidió Mulder, se abrió durante la administración de Valentín Paniagua, en el 2001: las primeras resoluciones que permitieron la excarcelación de de terroristas convictos y confesos fueron firmadas por Diego García Sayán uando era titular de Justicia.

Precisamente el presidente de la CIDH, Diego García Sayán, ha advertido que en el país se está viviendo una “ofensiva conservadora” que busca “impunidad” para los uniformados que violaron los derechos humanos durante la guerra antisubversiva –como el grupo Colina- además de buscar desacreditar a la Corte Interamericana.

Al respecto, el congresista sostuvo que las declaraciones de García Sayán esconde un sesgo ideológico –la lógica de que “ellos son los conservadores que buscan la impunidad, nosotros los revolucionarios y demócratas que buscamos el castigo”- orientación que ha sido, dijo, determinante en su carrera de jurista hasta alcanzar la presidencia de la CIDH.

TC abrió las puertas a reparaciones

Como el TC determinó que los procesos judiciales contra los subversivos habían sido inconstitucionales y, por lo tanto, se violó derechos consagrados en la Constitución, los terroristas acudieron en tropel a la CIDH para litigar el pago de reparaciones del Estado, prosiguió el legislador aprista.

A este escenario se suma que durante la administración Toledo (2001-2006) se dio instrucciones claras a los procuradores para que se allanen a todas las demandas interpuestas en la CIDH, en consecuencia hubo un aluvión de condenas contra el Estado peruano.

Mulder aclaró que si el Estado se hubiese opuesto con determinación a las reparaciones, el tema aun se estuviese ventilando en la actualidad y el Perú no hubiese pagado a ningún subversivo.

Sin embargo, existe otro elemento que a la larga abonó a favor de los terroristas: a partir del Gobierno de Paniagua pero especialmente durante el mandato de Toledo, la izquierda “se encaramó en los puestos más importantes del aparato del Estado y sustantivamente en el Ministerio de Justicia”, sostuvo.  

CVR y persecución contra FFAA

En otro momento el parlamentario dijo que el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha propiciado que exista una persecución indiscriminada por supuestas violaciones de los derechos humanos contra miembros de las FFAA que lucharon contra el terrorismo.

Ello se debe, explicó a que el informe asegura que hubo “una política sistemática” de violaciones a los DDHH por parte de los institutos armados lo que erróneamente “convirtió toda acción antiterrorista en una violación de los derechos humanos”.

El informe final de la CVR tuvo el tino de reconocer que la violencia en el país se debió a la “decisión política del Partido omunista del Perú – Sendero Luminoso” de iniciar una lucha armada, recordó.

No obstante, el documento no menciona que se trató de una agresión terrorista, incluso advierte que se debió aplicar las leyes de la Convención de Ginebra en materia de guerra, de este modo establecía que se trató de una guerra civil con adversarios de igual a igual (“cuando en realidad se trató de un grupo de terroristas que agredió al resto”), conceptualizaciones que contribuyeron a generar, señaló Mulder, “un ambiente ideológico” que a la postre facilitó la persecución contra los militares.

El legislador aclaró que razonablemente nadie puede respaldar las violaciones de derechos humanos que sí perpetraron –en algunos casos- uniformados durante los años de la violencia (como las matanzas de campesinos en Aucayacu, Cayara y Putis) y los responsable deberían estar presos, sin embargo lamentó que, en términos generales, los subversivos salgan libres y las fuerzas del orden sean acusadas y perseguidas. 

Otra de don Diego