La crónica de esta intriga enloquecida y truculenta la tenemos a la vista. Empezó con las inocentes y visionarias declaraciones del congresista Werner Cabrera quien alertó a la opinión pública sobre las posibles consecuencias de un futuro e hipotético derrame de mercurio vinculado a la empresa minera. “Si eso pasara, no podríamos denunciar a Yanacocha”, dijo el legislador pitoniso. Ese mismo día, algunas horas más tarde, se denunció la aparición de una pequeña cantidad de mercurio regada en las calles de San Juan. Pura coincidencia.

Alarmados por el “terrible” descubrimiento, los primeros en enterarse en San Juan actuaron con espectacular acierto y rapidez. ¿Se comunicaron con Defensa Civil? No ¿Avisaron al Ministerio de Salud? Tampoco ¿Reportaron el hecho a la Fiscalía? Menos. Eso lo hicieron después. Lo primero fue  comunicarse con Grufides. Una organización no gubernamental con vocación anti minera, cuya acción principal en este evento fue intentar empadronar a los vecinos que quisieran demandar y obtener una indemnización del tácito culpable: para ese momento ya algunos desconocidos responsabilizaban a Yanacocha.

¿Cómo se supo que el mercurio había sido derramado por Yanacocha? ¿Se hizo alguna investigación, algún análisis? Probablemente no fue necesario. Hasta donde se sabe, algún funcionario de Grufides tiene una cámara fotográfica “científica” que indica cuando el agua de los ríos esta contaminada por la mina. Es posible que ese maravilloso instrumento se haya utilizado en esta oportunidad, y que funcione igual con el mercurio. No obstante, los mismos representantes de esa Ong “vaticinaban” un posible levantamiento de la población de San Juan si no se aclaraba inmediatamente la procedencia del metal líquido.

Sin embargo, el asunto no salió  bien: desde el momento que se hizo público el hallazgo, la población de Cajamarca –que intuye muy bien todo lo que se refiere a esos sorpresivos y misteriosos brotes metálicos-, y que además está cansada de la misma cantaleta onegeosa, empezó a sospechar que se trataba, otra vez, de mercurio sembrado.

Mientras tanto, en los alrededores de su propiedad, la compañía minera enfrentaba un secuestro de maquinarias y una invasión de sus operaciones por grupos de pobladores aleccionados que -sospechosamente en estas fechas-, no reclamaban ningún derecho legitimo, sino que se trataba de dos chantajes mondos y lirondos para obtener beneficios económicos de Yanacocha. Uno de esos problemas aún persiste.

En el ínterin, por su lado, el representante de Grufides, Marco Arana, denunciaba en mayo el “acoso y seguimiento indebido”, del que había sido víctima en abril por parte de los agentes de seguridad de la compañía minera. Cuando en realidad él fue sorprendido junto a un grupo de camarógrafos en actitud sospechosa, en las inmediaciones de la mina, por una patrulla de Forza. Esa es su lógica enrevesada: cuando a él alguien le toma una foto, dice que se trata de un reglaje para matarlo, pero si él accede sin permiso a una propiedad privada con un grupo de camarógrafos y, con toda razón, le piden que se identifique, entonces se trata acoso y seguimiento indebido.

Todos estos hechos que parecen aislados, en mi opinión, tuvieron un leit movit: la primera semana de junio la Comisión de Ambiente y Ecología del Congreso iba a visitar Cajamarca y el complot se organizó para que ellos encuentren una ciudad convulsionada por un derrame de mercurio en San Juan -precisamente cuando se cumple un nuevo aniversario del incidente de Choropampa-,  la amenaza de muerte contra los inocentes paladines del medio ambiente y un conflicto social de grandes proporciones en las primeras páginas de los diarios. Los “desconocidos” conspiradores fueron tan cínicos que trataron de culpar a Yanacocha de propiciar su propio descalabro para asustar a los congresistas y que desistan de venir a Cajamarca.