Es imperativo concluir marco legal para corregir el desorden en el empleo público, dice la CCL

CCL rechaza terminantemente ser parte de una campaña contra inspecciones laborales. - La Cámara de Comercio de Lima rechaza ser parte de una campaña contra las inspecciones laborales, como lo ha manifestado el viceministro de Trabajo, Fernando García. Por el contrario, el gremio empresarial siempre ha manifestado su respaldo a este mecanismo, que asegura el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores.

La Cámara de Comercio de Lima ha expresado su preocupación por la informalidad laboral en el aparato estatal, pues considera que la reforma del Estado no puede esperar más.

Por ello, considera que el Congreso de la República –en la próxima legislatura– debe tener como agenda prioritaria terminar con el desorden, la informalidad y falta de transparencia, que por excesivo tiempo caracteriza la gestión de los recursos humanos en el Sector Público.

El gremio empresarial considera que las sucesivas normas dictadas en las dos últimas décadas, han generado regímenes salariales públicos contradictorios e inclusive discriminatorios, debido a la falta de una política remunerativa que racionalice y a la vez uniformice el status laboral de los servidores estatales.

Es fundamental que el sistema remunerativo público concilie principios de igualdad y productividad dentro de los escasos recursos fiscales del Estado.

Avance parcial

La reforma constitucional que permitió eliminar la denominada “cédula viva” – D.L. 20530 – que a través del “efecto espejo” equiparaba los sueldos con las pensiones de los servidores estatales, fue el primer avance importante para superar el caos y desorden remunerativo público, recuerda la CCL.

La Ley Marco del Empleo Público – Ley 28175 – que contiene principios básicos para racionalizar y hacer más eficiente la gestión pública ha devenido en inaplicable, por la falta de aprobación de leyes complementarias, como la Ley de Carrera del Servidor Público y la Ley del Sistema de Remuneraciones del Empleo Público, cuyos proyectos obran en el Congreso de la República.

La Ley 28212 (27.04.2004) que fijó el tope de remuneraciones para los altos funcionarios del Estado, estableció que por decreto supremo se debe fijar la Unidad Remunerativa del Sector Público -URSP, que lamentablemente después de más de 3 años aún no se ha expedido.

El actual gobierno dispuso, como medida extraordinaria, la reducción de remuneraciones del Sector Público, fijando el tope de S/.15,000, medida parcial que no resuelve la problemática remunerativa de los servidores estatales, dice la CCL.

Regímenes

Según el Banco de Datos de los Servidores Públicos (página web del MEF), a diciembre 2004 figuraban registrados 456,697 servidores públicos regulados por el D. Leg 276; 35,798 servidores bajo el régimen laboral de la actividad privada, D. Leg 728; 130,524 como personal de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales; y 61,357 bajo el ilegal régimen de “servicios no personales”. A ello debe agregarse 688,366 pensionistas estatales, lo que hacían en total 1`372,742 servidores que –a diciembre de 2004– dependían directamente del Estado, recuerda la CCL.

Algunas propuestas

• Uniformizar los regímenes laborales públicos existentes.

• Establecer remuneraciones en base a resultados o por productividad.

• Actualizar el Banco de Datos para conocer: ¿quiénes son? ¿cuántos son? ¿dónde laboran? ¿cuánto perciben? Ello permitirá depurar de la planilla estatal a los “empleados y pensionistas fantasmas”.

• Elevar la calidad de los servicios públicos, que prestan a la población.

• Formalizar las remuneraciones de aproximadamente 180,000 empleados públicos.

• Diseñar funciones que prioricen la vocación de servicio, el mérito, el desempeño y la capacidad.

• El servidor público debe estar sometido a evaluación periódica para el cabal desempeño de sus funciones.

• La notoria falta de rendimiento debe ser causal de cese temporal o definitivo.

Reforma del Estado es impostergable

Esta reforma debe ser encarada con decisión y firmeza, pues del éxito de su implementación dependerá no sólo mejorar y dignificar nuestro capital humano, principal activo de la nación, sino también consolidar el crecimiento sostenido de nuestra economía, manifiesta el gremio empresarial.

Esta reforma resulta por ello, necesaria e impostergable, con el propósito de lograr un Estado transparente, descentralizado y regulador, al servicio de las personas y de sus derechos, así como promover el desarrollo y el buen funcionamiento del mercado y de los servicios públicos.

Para la CCL la modernización de la administración pública es, además, la mejor garantía para consolidar los valores de la democracia, toda vez que la actual de lentitud de su operatividad para solucionar problemas no satisface las expectativas de la ciudadanía.

Se trata, entonces, de alcanzar un Estado eficaz y eficiente que mantenga el orden sin interferir en el mercado y que haga buen uso de los impuestos que todos los peruanos pagamos directa o indirectamente, finaliza el gremio empresarial.