Tal como era de esperarse el controvertido Decreto Supremo N° 004-2008-ED: Aprueban “Políticas Sectoriales para la contratación de personal docente en las Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica y Educación Técnico-Productiva”; emitido por el Ministerio de Educación, en enero del presente año, que establece la contratación sólo de aquellos docentes que hayan estado en el tercio superior y por déficit de éstos a los del medio superior, ha levantado una gran polvareda y reacciones contrarias en el sector magisterial del país, ad portas del inicio del año escolar.

Calificada como medida orientada a “garantizar el acceso” a contratos para las instituciones educativas de profesores idóneos, sustentados en la ubicación final del profesional en el tercio y medio superior, voceros del gobierno nacional, según indican,  no se dará marcha atrás en esta medida que busca, de una vez por todas, encarar los problemas de deficiencia en el servicio educativo por la presencia de docentes mal formados y falta de capacidad profesional.

Este dispositivo, que definitivamente tiene un carácter excluyente, al habilitar únicamente para participar en los procesos de concurso docente para el presente año, a los docentes egresados del tercio y medio superior, es calificado como discriminatorio e inconstitucional, al limitar el libre acceso a las posibilidades laborales en país, así como un precedente negativo para las aspiraciones de futuros profesionales, de no egresar ubicados en los polémico segmentos. Así lo han entendido un grueso de presidentes de gobiernos regionales, que han manifestado que no acatarán este dispositivo, los gremios sutepistas del interior del país, y muchos especialistas en materia educativa.

No obstante, el ministro de educación, José Chang, en declaraciones a la prensa nacional ha manifestado, que de ninguna manera se modificará el cuestionado decreto supremo, y que las autoridades regionales contrarias a su implementación lo hacen por “miedo” a las movilizaciones de los profesores presuntamente afectados. A su vez el premier Jorge Del Castillo a afirmado que “Van a cometer un craso error contra la educación peruana y se van a poner en contra las grandes masas que quieren la mejor educación para sus hijos”. Al respecto, se pedirá la intervención enérgica de los órganos de control institucional, quedando asimismo expedito el camino para las respectivas denuncia penales.

Presidente regionales como Yedude Simón de Lambayeque y Vladimiro Huaroc de Junín, de entre diecisiete titulares de las regiones, han asumido una actitud de rechazo a la implementación de la norma aludida, argumentando que este dispositivo del ejecutivo vulnera los derechos laborales de miles de docentes en la regiones y que no se los tomará en cuenta para los contratos del presente año.

Indudablemente, esta disposición emanada del MINEDU, ha levantado polvareda y viene agitando el clima social al interior del país, en la que voceros del gobierno nacional fustigan a su cumplimiento, negando toda posibilidad de modificar la norma, en “aras de la mejora” de los servicios educativos; mientras que autoridades regionales, desafían abiertamente con no acatarla, por considerarla lesiva y anticonstitucional.

Argumentos en pro y contra, vienen generando una coyuntura de crisis inducida, en la antesala del inició del año escolar, lo cual indudablemente, acarreará  consecuencias negativas en estudiantes de las instituciones educativas públicas, y en la educación en su conjunto, tan venida a menos en las últimas décadas.